La Coordinadora del Parlamente Mapuche Tehuelche de Río Negro cuestionó a la Justicia y al Gobierno provincial por el desalojo de la comunidad Gallardo Calfu de los territorios de El Foyel.
“Luego de un trámite exprés de la Justicia de Río Negro y bajo la supervisión de la Gobernadora Arabela Carreras, cual sheriff del lejano oeste o comandante de La Policía Fronteriza, un centenar de agentes de la policía llevo adelante un nuevo despojo a la comunidad”, indicaron los portavoces de la organización indígena, representativa de 150 comunidades dispersas en la provincia.
De acuerdo a la información consignada, los representantes detallaron que se trata de “un territorio que la Lof (comunidad) reclama por su despojo hace más de 40 años, en instancias legales y administrativas sin que la Justicia haya dado lugar al derecho indígena vigente”, y que “tiene sus primeros antecedentes escritos por la Dirección de Tierras en el año 1941 en razón de la presencia de uso y ocupación de Sixto Gallardo”.
Para la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche “la estafa por parte de la familia Soriani se produjo en 1980” y “desde esos momentos la Lof ha recorrido todos los caminos posibles, inclusive la denuncia según Expediente 1504/13 en la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en la Provincia de Río Negro. Dicha comisión fue creada por ley 4744 y conformada por legisladores de todo el arco político de la provincia; funcionó hasta el año 2015, se desarmó por cuestiones políticas y fundamentalmente porque se revelaron situaciones irregulares en la transferencias de tierras, muchas de las cuales fueron en perjuicio de comunidades y pobladores Mapuche dispersos”.
La lof Gallardo Calfu está dentro de las comunidades cuyo territorio debería relevar la Ley Nacional N° 26.160, pero la demora en la aplicación de la norma perjudicó el reconocimiento territorial.
“Esta situación lejos de resolverse, tuvo un capítulo más de injusticia de la Justicia llevando un trámite exprés de desalojo, defendiendo a los ‘dueños’ Soriani, premura que no tuvieron para encontrar a un peón desaparecido hace dos años que trabajaba bajo las órdenes de los ‘dueños’ Soriani. Tanta rapidez de la Gobernadora para disponer de todos los mecanismos para llevar adelante el desalojo, cuidando los intereses de la propiedad privada y/o los negociados con Lewis, cuyo ingreso al lago escondido es el camino de Tacuifi, precisamente donde está situado el conflicto de la Lof Gallardo Calfu”, indicaron.
También señalaron que, “la Justicia a través de sus personeros y la Policía de Río Negro usaron todos los artilugios cuasi mafiosos, como por ejemplo proponer cinco audiencias judiciales en el mismo día para complicar la defensa, retener en un control al abogado de la APDH Zona Andina que asiste a la Lof, hacerlo regresar por el permiso de circulación, desviarlo del camino para que no llegue al lugar donde se producía el desalojo”.
“Para la lamuen Blanca Gallardo la violencia ejercida en 1980, cuando su familia fue corrida del territorio, tiene una memoria en su propio cuerpo y un correlato en la historia colectiva del despojo. Este lunes una vez más fue violentada física y verbalmente junto a pu lamuen, quienes sostienen desde siempre la lucha por el territorio y la preservación de una memoria ancestral de resistencia de nuestro pueblo”, explicaron.
Finalmente, la entidad “repudió” la “sobreactuación de la Gobernadora Carreras que viene sosteniendo un discurso antimapuche y que presionó a la Justicia para llevar adelante el desalojo, protegiendo la propiedad privada del ‘dueño Soriani’, tal lo definió por los medios de comunicación, y protegiendo los intereses de Lewis. Llegó hasta Mascardi donde intentó tener un ‘diálogo’, cuando es de público conocimiento que desde que asumió la gobernación no ha hecho más que desconocer a los integrantes de la Comunidad Lafken Wincul Mapu donde asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. Resaltamos que a pesar de sus palabras, las acciones de su gobierno son el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que reconozca los derechos expresados en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y que la Mesa de Diálogo avance. La sobreactuación del lunes pareció más una provocación, que una voluntad real de dar soluciones a una problemática territorial histórica que atraviesa toda la Provincia”.
Fuente: enestosdias
