Violento desalojo a comuneros mapuches en Intendencia de Tirúa
Durante la mañana de este jueves 06 de agosto se efectuó un nuevo desalojo en el marco de las protestas realizadas por el pueblo mapuche en el marco de la campaña por la liberación de los presos políticos mapuche. Esta vez, la decisión fue tomada desde la Intendencia de Tirúa y el Ministerio del Interior, en un procedimiento que fue catalogado como brutal y violento.
En este marco, incluso desde la congregación de Jesuitas se rechazó “la violencia y arbitrariedad en el actuar del Estado de Chile y de Carabineros durante el desalojo de las municipalidades en la región de la Araucanía, hoy en particular la Municipalidad de Tirúa (región del Biobío), que se encontraba ocupada pacíficamente”.
La violencia escaló a tal punto que incluso un sacerdote jesuita que acompañaba a los comuneros mapuche fue golpeado y detenido junto a dos mapuche en el desalojo realizado por Fuerzas Especiales. Desde la congregación denunciaron que: “Carlos Bresciani y dos comuneros fueron detenidos por un grupo de Carabineros, sin provocación previa. Nuestro compañero se trasladó esta mañana hasta la municipalidad porque los comuneros le pidieron su presencia ante el inminente desalojo de fuerzas policiales y el uso desproporcionado de la fuerza”.
Agregando que: “El padre Carlos fue detenido injustamente, como lo han sido cientos y cientos de mapuche a lo largo de la historia. La violencia del Estado es el signo más claro de la ausencia de voluntad política para resolver los problemas de fondo de este pueblo”.
Por su parte, el alcalde de la localidad, Adolfo Millabur, afirmó que: “este alcalde no ha solicitado el desalojo. Hoy teníamos la intención de conversar con la personas que estaban haciendo uso del edificio (…) [El Gobierno] no ayuda en nada porque todo el mundo sabe que es facultad de los alcaldes.” ¿Qué expresan estas declaraciones? Nada más que la arremetida racista y represiva por parte del Gobierno, bajo la responsabilidad política directa de no sólo Sergio Giacaman, Intendente y militante de la UDI quien autorizó el desalojo, sino que también de personajes como Víctor Pérez y Sebastián Piñera.
El mismo Giacaman da cuenta de esto cuando afirma que: “pese a la negativa del alcalde de solicitar el desalojo, nosotros desde el ministerio del Interior tenemos la obligación de restituir ese bien público para ponerlo al servicio de la ciudadanía”, es decir, actuando bajo órdenes directas desde el Ministerio del Interior, representado por el amigo de Paul Schäfer y colaborador del campo de concentración y tortura, Víctor Pérez.
La situación deja a la luz una clara intención por parte del Gobierno a salir a apoyar y reproducir las acciones desarrolladas por la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), en defensa de los sectores latifundistas y empresariales. Se trata de una acción represiva que deja a la luz el profundo racismo que se mantiene en el país, funcional a preservar a una élite en el poder y los bolsillos y propiedades usurpadas por parte de latifundistas, terratenientes y empresarios.
