Pasaron cuatro años en los que la represión fue la forma que priorizó el Estado para intervenir en los conflictos por la tierra. Laura Kropff, desde la academia, será una de las especialistas que intervendrán en la redacción de un nuevo protocolo de acción. “La violencia no produjo buenos resultados”, reflexionó.
Laura Kropff es doctora en antropología e investigadora del Conicet, y lleva 20 años investigando la historia y las formas de organización del pueblo Mapuche. El Ministerio de Seguridad, en una decisión inédita, decidió convocarla para que aporte su perspectiva en el marco de la elaboración de un nuevo protocolo de actuación frente a los conflictos por la propiedad de la tierra en el norte de la Patagonia. El convenio ya está firmado y participarán el INAI, Ambiente y Justicia y Derechos Humanos, además de Seguridad. Por primera vez, intervendrán académicos. En la mochila del Estado todavía pesan la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel, y el propósito del Gobierno es revertir la tendencia a disparar primero y preguntar después. “Desde la ciencia podemos hacer un aporte”, dice Kropff en diálogo con el sitio digital El Grito del Sur y explica que “el diálogo da mejores resultados que la violencia, que durante los últimos cuatro años tomó características racistas y dejó como saldo un estigma muy profundo”.
-¿Adónde apuntará el nuevo protocolo?
-Todavía no está nada definido, pronto tendremos la primera reunión, pero en los fundamentos del convenio ya está todo muy claro: el nuevo protocolo estará encuadrado en el derecho indígena. Claramente hay una propuesta totalmente distinta a la gestión anterior. La apuesta tiene que ser anteponer siempre el diálogo por sobre la fuerza. El diálogo da mejores resultados que la violencia, y además el pueblo Mapuche siempre ha optado por la negociación política con el Estado, al contrario de lo que plantea el informe RAM de Patricia Bullrich.
–Ese informe define explícitamente a la RAM como “grupo etnonacionalista violento” y tiene rango de convenio. ¿Tiene la misma concepción?
–El movimiento etnonacionalista violento es el que generó ese informe (risas). Fuera de broma, de ninguna manera eso es así. Entiendo que pudo haber habido alguna preocupación genuina de resolver el problema, pero esa no va a ser nunca la manera correcta. A partir de ese informe se generó una estrategia que sólo profundizó el conflicto, con muertos, no ha sido inteligente. El diagnóstico está mal hecho, no se basa en una investigación real.
-¿Qué dicen las investigaciones académicas al respecto?
–Cualquiera que haya estudiado la historia del pueblo Mapuche se habrá dado cuenta de que siempre se ha organizado a partir del diálogo con el Estado. Así han apostado siempre a resolver los conflictos. No por nada su organización política en Río Negro es un parlamento, el Parlamento Mapuche. Es más, conociendo las injusticias profundas que han padecido históricamente me sorprende que hayan mantenido esa voluntad pacífica y no violenta. Pero si vamos a los casos recientes, por ejemplo en Villa Mascardi, fueron las propias comunidades las que insistieron por dialogar cuando se da el desalojo, incluso con el aval del obispado de Bariloche. Fueron a hablar con la fiscal. La respuesta fue la represión.
-¿El Estado tenía esa información?
-El Estado financia investigaciones que dan cuenta de esos procesos y el gobierno anterior no los tuvo en cuenta. Además hay registros públicos que dan cuenta de las veces que las comunidades dialogaron con distintos organismos del Estado para llegar a un entendimiento. Nuestras investigaciones en ese sentido están ahí, son públicas, y son recursos de los argentinos los que se usan para generar esa información.
-¿Qué cree que llevó a los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut a firmar ese convenio con Bullrich?
-Creo que desde los 90 hay una conciencia creciente de poner en discusión la propiedad de la tierra como recurso. Hubo una muy importante movilización en el Bolsón en 2017 por ese tema, contra uno de los principales terratenientes como es Joseph Lewis, compuesta por un colectivo muy heterogéneo. Yo, de hecho, marché en la columna de la diversidad sexual. Los sectores de mayores recursos se pusieron nerviosos. En Río Negro, el territorio que mejor conozco, se conformó entre 2012 y 2015 una comisión investigadora de la Legislatura local que encontró expedientes de tierras mal vendidas por parte del Estado a los privados, que molestó incluso a la Sociedad Rural. Creo que lo que se vio fue una necesidad de disciplinamiento, y para eso estigmatizaron a un núcleo pequeño dentro de la lucha para perseguir a todos. Y en parte lo lograron, porque desde entonces las marchas se apaciguaron.
Pero como saldo quedó una visibilización muy fuerte de lo que se estaba reclamando.
-Sí, pero los casos que ganan mayor visibilidad y los que llegan a través de los medios son los de los grandes terratenientes, caso Lewis o Benetton. Pero hay una cuestión estructural, de base, mucho más profunda, que es cotidiana y tiene que ver con las extensiones de tierra no tan extensas. Para lograr consolidar la tenencia de la tierra sobre campos pequeños se privilegió a aquellos que eran descendientes de migrantes europeos sirios libaneses por sobre el poblador indígena que las venía ocupando desde siempre, como si fuese un ciudadano de segunda. El Estado argentino debe su consolidación territorial a la ocupación de tierras de los pueblos originarios, que se logró mediante un genocidio.
-¿Por qué cree que el Estado hasta hoy no reconoce ese genocidio?
-Es complejo, porque uno de los elementos constitutivos, una de las tres etapas de un genocidio exitoso es el silenciamiento. Primero la estigmatización, que legitima la violencia. Y después el silencio, que es el más importante. Un genocidio exitoso logra borrar sus huellas, hace que desconozcamos que existió. El silenciamiento es la operación más importante y es muy perverso. Obliga a la propia gente a callarse. Hay gente con padecimiento mental que cuando está sufriendo habla en mapudungún, y los medicamos pero no nos preguntamos si entonces no es un padecimiento mental sino social. Es una violencia encarnada en los cuerpos, que cala muy profundo en la configuración de la subjetividad. El pueblo Mapuche vive con ese padecimiento a través de generaciones por lo que hizo el Estado argentino. La violencia se hereda sin un relato que la explique.
-Usted señala además al racismo como elemento constitutivo de ese genocidio. Pero el Estado tampoco se reconoce como racista.
-El discurso oficial dice que no hay racismo. Eso no es verdad. Nosotros hemos investigado los expedientes de la asignación de tierras de inicio del siglo pasado, donde podes ver foja por foja cómo se expresa el racismo en las decisiones que se van tomando. No se les daba la tierra porque no eran “productivos”, o no hablaban castellano.
-¿Ese racismo volvió a aparecer con fuerza en el informe RAM?
-Si, con efectos terribles. Hay chicos que sufrieron bullying por ser mapuches. Eso pasó en Bariloche. Yo fui testigo. Me invitaron a hacer una charla en octubre de 2017, en plena operación mediática por el tema RAM, y hubo un curso entero de tercer año que no quiso ir al acto porque estaba en contra de la cultura mapuche. Probablemente en ese curso había chicos mapuches, lo que demuestra los efectos perversos que tuvo esa operación en la vida cotidiana. Arraigó en lo peor de nosotros y lo valoró.
-El Estado argentino ya reconoció un genocidio, el de la última dictadura, y ha avanzado en la reparación de familiares y víctimas. ¿Esa experiencia puede servir como guía?
–A partir de que el genocidio se reconoce, se puede proceder a la reparación. De otra forma no. Es esperanzador que el Estado tenga ese ejercicio. Necesitamos lo mismo en este caso. Está demostrado, en los registros, que hubo gente detenida en campos de concentración, y hasta partidas de comida enviadas y de las enfermedades que tenían. Hay que partir de esa base y tomar decisiones. Hace falta voluntad política.
Fuente: http://elgritodelsur.com.ar/
