El mensaje es claro. Ya pagaron costos altísimos y aún así el comunicado del 2 de octubre de la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche llamó a resistir en el Territorio cualquier intento de desalojo. Y es que la jueza Natalia Costanzo a cargo del Juzgado N°31 de Choele Choel (ciudad con nombre mapuche) ordenó el desalojo de la comunidad Pino Quiñe. Es la tercera comunidad mapuche en estas condiciones durante estos últimos días en Río Negro. La Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche Río Negro, organización política reconocida por la provincia desde 1988, que reúne a 130 comunidades del pueblo mapuche, denunció: “el Poder Judicial de Río Negro no respeta el derecho indígena”. Por Agustina López Orib.
La misma Mesa envío una nota a fines de septiembre al Tribunal Superior de Justicia advirtiéndole que si bien se está desarrollando en la provincia el relevamiento territorial previsto por la ley 26160, se intentó desalojar a dos comunidades con mandamientos emitidos por jueces competentes, uno en jurisdicción de Choele Choel y otro en Cipoletti. Y notificaron que además queda pendiente otra orden judicial en Bariloche, sobre la comunidad Buenuleo.
¿En una provincia con mayoría de población indígena, desconocen los jueces el Derecho Indígena?
Si las leyes que resguardan la integridad de los pueblos no son cumplidas por los poderes del Estado, estos habitantes, en este caso los mapuches, entran en una inseguridad jurídica, totalmente antidemocrática e inconstitucional. No les queda alternativa que llamar la atención de organismos superiores que atiendan su causa, como presentarse ante el Superior Tribunal o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero, mientras tanto, y como los desalojos amenazan con ser inminentes, los mapuches una vez más van a poner el cuerpo, van a resistir los posibles desalojos ilegales e inconstitucionales. No se trata de interpretaciones de la ley, sino que los funcionarios deben conocerlas y hacerlas cumplir. Hay más de 160 comunidades en Río Negro que merecen seguridad jurídica dentro del marco normativo que ya existe.
Orlando Carriqueo, werken (portavoz) de la organización lo deja claro: “tanto Pino Quiñe como Newen Kurruf están en la cuenca petrolera, parte de Vaca Muerta y eso es lo que está detrás. Pero tiene que haber un respeto a las comunidades. En el caso de Buenuleo, en la que quedó firme la sentencia de desalojo, el territorio que está en conflicto está dentro del relevamiento territorial que hicieron hace 10 años con la ley. Nosotros como pueblo no estamos dispuestos a avalar ningún desalojo. No tenemos opciones. Tenemos que resistir en el territorio”.
Carriqueo también explica que realizaron una presentación junto con la Confederación Mapuche de Neuquén en la Universidad del Comahue, porque la Facultad de Derecho está realizando modificaciones en su progama y solicitan que se incorpore el Derecho Indígena en su contenido ya que “los jueces no pueden desconocer el derecho indígena y el Estado debe capacitar a quienes ejercen el poder”, replica.
Hoy será la audiencia en el Juzgado N° de Cipoletti donde darán respuesta a las presentaciones realizadas por la comunidad Newen Kurruf en pos de que se revoque su respectiva orden de desalojo de su propia tierra.
Fuente: https://www.anred.org
