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El gobierno quiere sacar el aguinaldo y las horas extras para reducir las indemnizaciones

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Macri envió al Senado tres proyectos para avanzar con la reforma laboral. Podría ser tratada en el Congreso a fines de mayo o en junio, con el Mundial de fútbol en marcha. (30/04/2018)

El viernes por la noche, según difundió la agencia de noticias oficial, se enviaron al Senado los tres proyectos de ley en los que se dividió la reforma laboral original, frustrada el año pasado luego de la fuerte crisis provocada por el recorte de las jubilaciones. La intención del oficialismo es comenzar a tratar los proyectos en las comisiones de la Cámara alta a partir de la semana próxima. 

Los tres proyectos refieren a los tres puntos que habían sido acordados por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en distintas reuniones con Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. El primero de ellos fue la regularización de trabajadores no registrados con una “indulgencia” a las empresas que los tenían en negro y el segundo, la creación de Prácticas Formativas para estudiantes por un plazo de un año, con un estipendio no remunerativo y posibilidad de contratación. El último proyecto crea una Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) que determinará qué enfermedades laborales o tratamientos podrán ser cubiertos por las obras sociales y el Programa Médico Obligatorio.Los tres proyectos refieren a los tres puntos que habían sido acordados por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en distintas reuniones con Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. El primero de ellos fue la regularización de trabajadores no registrados con una “indulgencia” a las empresas que los tenían en negro y el segundo, la creación de Prácticas Formativas para estudiantes por un plazo de un año, con un estipendio no remunerativo y posibilidad de contratación. El último proyecto crea una Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) que determinará qué enfermedades laborales o tratamientos podrán ser cubiertos por las obras sociales y el Programa Médico Obligatorio.

En octubre pasado, el acuerdo fue considerado un avance del diálogo entre la CGT y el Gobierno, pero inmediatamente surgieron varias fisuras. Con el camionero Pablo Moyano a la cabeza, varios dirigentes denunciaron que esas iniciativas iban a contramano de derechos laborales adquiridos y cuestionaron duramente al triunvirato. Al cabo de los meses, esa conducción quedó desautorizada y las consecuencias ya son predecibles. Desde un comienzo las dos CTA también habían expresado su rechazo.

Respecto del blanqueo de trabajadores no registrados, el texto propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza a los empleadores que regularicen a sus trabajadores.

Se bajará a los empresarios del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) siempre y cuando formalicen en blanqueo en el plazo de un año desde el momento de la reglamentación de la ley. El problema es que para que esto ocurra, el trabajador deberá “renunciar a toda acción y derecho” contra su empleador por los años que lo tuvo sin registrar.

Sobre el Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes mayores de 18 años, se determinan que las cargas horarias y el “estímulo” (pago no remunerativo) serán según el convenio colectivo del sector y que la contratación será de hasta 12 meses con una carga de hasta 30 horas semanales. 

El último de los proyectos de ley crea la Agnet, que según un informe de la fundación Soberanía Sanitaria, permitirá implementar la Cobertura Universal de Salud; limitará la posibilidad del Congreso de incluir nuevas prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO) y permitirá intervenir en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), afectando finalmente el bolsillo de los pacientes. Además, sostienen que estará administrada por grupos con claros conflictos de interés con los fines de la agencia y se propone como una herramienta para limitar la posibilidad de realizar demandas judiciales a los prestadores y no como una forma adecuada de intervención del Estado para la regulación de los precios.

(Fuente Página 12)

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