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Rafael Nahuel: un crimen de Estado, un año de impunidad

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Foto(Créditos Web)

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Se cumple el primer aniversario del asesinato de Rafael Nahuel durante la represión al Lof Lafken Winkul Mapu en territorio recuperado. A un año de un crimen de Estado a la medida de intereses turísticos y comerciales, edificado con las balas de cinco fuerzas represivas en un accionar sin precedentes, los responsables políticos y materiales permanecen impunes. (26/11/2018)

Un asesinato por la espalda

El proceso de recuperación territorial emergió en los debates nacionales 15 días antes del crimen de Rafael Nahuel, cuando el Lof recuperó parte del territorio en Villa Mascardi. Habían levantado las primeras casas para atravesar la noche y el sueño pesado de los primeros tiempos y comenzado a sembrar. Rafa de 22 años, soñaba con criar conejos y tener un caballo que le anduviera por caminos donde reinventar y torcer los márgenes grises que este sistema tiene como propuesta para las grandes mayorías. Soñaba con poder vivir con los suyos, en sus tierras y poder ejercer su cultura con libertad.

Pocos meses habían pasado de la detención de Facundo Jones Huala, la represión en Cushamen y la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. El gobierno, en su afán de criminalizar al pueblo mapuche y crear un enemigo a medida de los terratenientes, montó un operativo de fuerzas federales con el grupo Albatros de la prefectura, gendarmería y con apoyo de la policía provincial para desalojar la ocupación. Los medios amigos, tergiversando los hechos, informaron que el territorio estaba ocupado por unos “cien miembros de la RAM”.

Fueron 114 disparos efectuados por 6 prefectos. Bastó uno para herir de muerte a Rafa. La autopsia confirmó que la 9 mm lo alcanzó por la espalda mientras huía de la represión cerro arriba, más precisamente, ingresó por el glúteo y se alojó en el tórax. Sin embargo, desde el día uno, la cartera de seguridad se refirió a la represión como un enfrentamiento, instalando y sosteniendo esta “teoría” aun cuando este elemento y las investigaciones posteriores señalaron lo contrario.

Con Rafael agonizando en la montaña, Fausto Jones Huala y Lautaro González improvisaron con sus manos y la ropa disponible una precaria camilla. Las mismas manos que levantaron ranchos en el Lof y prepararon la tierra para la siembra se vieron llenas de los últimos suspiros del Rafa. Luego de escuchar el silbido incierto de la balacera que el grupo Albatros lanzó por centenas sobre ellos, hiriendo a muchos y truncando la vida a Rafael, no hubo forma de arrebatárselo a la muerte estatal que ya le iba deshilachando los signos vitales montaña abajo. Tras entregar el cuerpo de Rafa junto a las últimas esperanzas de vida, fueron detenidos e incomunicados durante cuatro días. Las autoridades prohibieron el ingreso de ambulancias al lugar y el cuerpo inerte de Rafa fue arrastrado por el pedregal por la policía, rompiéndole la cabeza. Mientras otros integrantes de la comunidad yacían heridos en la montaña, Fausto y Lautaro fueron imputados en la causa caratulada como “muerte por causa dudosa” iniciando así una persecución judicial sobre los miembros del Lof.

Días después del asesinato de Rafael Nahuel se convocó a una mesa de diálogo con diversos garantes de organismos de DD.HH, observadores de distintas organizaciones sociales y partidos políticos para propiciar las conversaciones entre las autoridades del Lof Lafken Winkul Mapu, representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y Parques Nacionales.

Estos últimos se negaron sistemáticamente a participar de la mesa mientras la comunidad mantuviera en pie la recuperación. La presencia del INAI, con su amplio abanico de recursos para negociar migajas después de imponer por la fuerza las condiciones generales del despojo, ofició como un eco de las exigencias de Parques: fue el propio INAI el que impuso como condición para el sostenimiento de la mesa que el Lof abandonara el territorio, decretando así el fin del diálogo.

Por su parte, el Juez subrogante Gustavo Villanueva a la cabeza del Juzgado Federal de Bariloche y como apéndice oficialista de la política nacional se movió al compás del Ejecutivo, contribuyendo a los cometidos de éste. Días antes de que Villanueva ordenara el desalojo y la cacería a pedido de Parques Nacionales, el propio juez había permanecido reunido junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña para dar forma al operativo represivo. A horas de emitida la orden de desalojo, las fuerzas represivas desplegaron su brutalidad, deteniendo a mujeres y niños que, con dientes de leche, masticaron la bronca y el dolor de las muñecas precintadas.

Fuente: La Izquierda Diario

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