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POR UNA NUEVA PRÓRROGA DE LA LEY 26160

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Foto(Créditos Web)

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Nota de Opinión/(*) Por Juan José Tealdi (08/09/2017)

Nadie discute ya que el territorio del sur de América no era un páramo despoblado cuando los conquistadores llegaron y se lo apropiaron llevando metales preciosos extraídos con el sudor y la muerte de los habitantes originarios para dar sobrevida a una corona española agonizante. También reconocen los libros oficiales que en el actual territorio Argentino hubo una “conquista del desierto” para consolidar el Estado Nacional. Lo que no reconocen los libros es que tan desierto no era porque hoy constituyen las tierras más caras y productivas del país. Tan despoblado no estaba porque se hizo mediante el uso de las armas y de otros recursos no menos bestiales como el alcohol y la transmisión de enfermedades que sirvieron para asimilar a muchos y eliminar a los rebeldes. Tan Estado Nacional tampoco era.

Detrás de la excusa de consolidar el Estado Nacional, un pequeño grupo de militares y sus amigos se apropiaron de las tierras conquistadas y las utilizaron para su beneficio personal. Así nació la famosa Oligarquía Terrateniente que fue dominadora absoluta de las decisiones de ese Estado hasta principios del siglo XX, en que las luchas obreras, campesinas y de sectores medios nacientes conquistaron el voto universal y secreto.

A partir de ese momento el Estado fue modificando su característica, incorporando derechos de las mayorías nacionales, avanzando en lo social con los gobiernos democráticos y retrocediendo con las dictaduras pero siempre arrastrando la gran deuda material, social y cultural con los habitantes originarios de estas tierras.

La ley 26.160, producto de pactos internacionales firmados por nuestro país, viene a pagar en parte esa gran deuda que no solo pasa por el reconocimiento a la propiedad comunitaria de los territorios que hoy ocupan las comunidades originarias sino que también pasa por reescribir la historia oficial atendiendo a la verdad del genocidio perpetrado por los invasores y por sus seguidores en beneficio propio exclusivo.

En mi condición de Agrimensor tuve la maravillosa posibilidad de integrar el Equipo Técnico Operativo que relevó 800.000 has. y más de 50 comunidades originarias en la provincia de Río Negro. Lo hice invitado por ellas poniendo mis conocimientos profesionales a su servicio y bajo sus directivas, con cuya orientación acordé desde el primer momento.

En mi condición de militante socialista redacté un proyecto de ley, presentado a través de la senadora Odarda, para una nueva prórroga de esta ley con el agregado de que la conformación de los equipos de trabajo en cada provincia fuera definida por las Comunidades Originarias y sus organizaciones, tal cual sucedió en Río Negro, cuando se hizo ese trabajo que, lamentablemente quedó inconcluso por decisión política, tanto del gobierno nacional como el provincial en el año 2012.

La prórroga de la ley es una condición necesaria pero no suficiente. Su aplicación debe dar protagonismo a las comunidades que son quienes tienen ese derecho -por siglos conculcado- de decidir sobre su destino y sobre cómo administrar los recursos que se vuelquen en esta tarea de reconocimiento. Demás está decir que, además que cuentan con mucha gente valiosa, estudiosa, formada científicamente en diversas disciplinas sociales de quienes he aprendido mucho en esa experiencia.

El ejemplo rionegrino es una muestra cabal de esta capacidad y fidelidad. Fue el Parlamento Mapuche el que decidió qué peñis y langmuen conducirían el relevamiento en la provincia y fueron estas personas las que decidieron quienes integraríamos ese equipo de profesionales a su servicio. Por ello fue la provincia donde todo el presupuesto asignado se aprovechó integralmente -sin desvío de ningún tipo- para el relevamiento y por ello hay mucho territorio protegido a la espera de la segunda etapa. Etapa que, se suponía, era la de las mensuras y la entrega de títulos comunitarios para sacar estas tierras de la especulación inmobiliaria y de las garras del sistema capitalista que solo ve negocio en cada m2 que puede apropiarse o utilizar para su economía extractiva depredadora de seres humanos, de suelo, agua y aire.

La movilización y participación activa de la sociedad es el camino de profundización de la democracia. Cuanta más democracia más al servicio del pueblo estará el Estado y menos al servicio de los sectores oligárquicos y sus socios transnacionales.

La ley que prohíbe la central nuclear de potencia en nuestra provincia es una muestra de ello. Quienes se movilizaron tan activamente defendiendo la Patagonia libre de energía atómica han descubierto el valor del debate democrático y el poder que tiene la movilización pacífica pero firme en sus convicciones y le dieron una lección al gobierno, que tuvo que modificar su postura.

La causa de los pueblos originarios es parte de la misma lucha y debería ser apoyada con similar energía. Que así no suceda es parte de la deuda cultural para con ellos. La reacción generalizada contra la mentira del gobierno sobre la desaparición de Santiago Maldonado –joven solidarizado con la causa mapuche-, muestra que poco a poco vamos asumiendo esa deuda. Seguiremos trabajando para este cambio cultural que nos haga mejores habitantes de este vapuleado mundo.

* Juan José Tealdi
Secretario de DD.HH. del Partido Socialista
Coordinador Nacional de la Corriente Igualdad y Participación del PS

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