Extendía por 5 años la estabilidad laboral para directores y jerárquicos nombrados por el macrismo y establecía indemnizaciones millonarias si eran despedidos.
El Gobierno suspenderá el decreto que Mauricio Macri firmó 14 días antes de dejar la Casa Rosada y que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años los puestos jerárquicos del Estado para 3000 funcionarios nombrados en su gestión. El decreto 788 del año 2019, implica “una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado”, sostuvo la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, para anticipar la decisión de la nueva administración de suspender el decreto que también rubricaron el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ahora ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. La norma pretendía dejar una gruesa capa geológica del macrismo en puestos clave de administración pública y les garantizaba millonarias indemnizaciones en caso que fueran despedidos.
Castellani, argumentó la decisión del nuevo Gobierno en que el decreto de Macri modifica el Convenio Colectivo del Sector Público, estableciendo un nuevo régimen de acceso, retribución, permanencia, promoción y egreso de la Alta Dirección Pública e involucra a más de 3.000 cargos, creando un escalafón de “privilegio para funcionarios y quebrando la carrera administrativa, generando un sistema diferencial y privilegiado para altos funcionarios”.
El régimen que se buscó establecer dispone “una carrera paralela con una exclusiva escala remunerativa, flexibilizando los requisitos de formación y experiencia acreditables para acceder a la alta dirección pública, además de garantizar la posesión de los cargos por un período de 5 años o, en su defecto, una indemnización fuera de toda proporción”, señalaron fuentes de la Jefatura de Gabinete.
Desde la Jefatura precisaron que para el presidente Alberto Fernández es “vital” construir un nuevo sistema que “jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público”.
Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso que había dispuesto Macri tiene “exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”.
